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La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1964), y consistió en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas» que no las cultivaban, casi siempre la Iglesia Católica o las órdenes religiosas, que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios.

Además, el erario obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública. La desamortización se convirtió en el principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX.

Etapas

I.- Godoy.- La primera desamortización fue realizada en el reinado de Carlos IV por Godoy y el ministro Cayetano Soler entre 1800 y 1808. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares.

II.- José I.- José I realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.

III.- Durante el Trienio liberal (1820–1823) se llevaron a cabo otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como ésta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal.

Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.

IV.- Mendizabal.- La de Mendizábal, ministro de Isabel II, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, porque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres; como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero sufragables en cambio por las oligarquías muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños. Los labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo.

El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente, el progresista Baldomero Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular excepto unos pocos. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.

En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intenta restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma del Concordato de 1851.

V.- Madoz.- Durante el segundo gobierno del progresista Espartero, su ministro de Hacienda, Pascual Madoz, realiza una nueva desamortización (1859) que fue ejecutada con mayor control que la de Mendizábal. El 1 de mayo de 1855 se publicaba en La Gaceta de Madrid y el 31 la Instrucción para realizarla. Se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares, cofradías, obras pías, santuarios, del ex-infante D. Carlos, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con algunas excepciones. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones.

Como resultado de las desamortizaciones muchos conventos e iglesias de valor artístico fueron abandonados o echados abajo y ahora han desaparecido o, en el mejor de los casos, son una ruina; igualmente, muchos libros y bibliotecas conventuales se dispersaron y sus libros fueron a parar en su mayor parte a las bibliotecas públicas de la época.

Conclusiones

El injusto despojo, si se hubiera conseguido controlar eficazmente hubiera podido servir para resolver el déficit de la Hacienda, liquidar la deuda y promover una auténtica reforma agraria en beneficio de las clases humildes del campesinado. Pero no se consiguió ni lo uno ni lo otro.

La inmensa masa de tierras puestas en venta en cada provincia disminuyó el valor de las mismas con la inagotable oferta. Los católicos sinceros se abstuvieron de la adquisición, con lo que se redujo la demanda. El temor a despojos y represalias si triunfaba el carlismo en la lucha entablada retrajo a los tímidos. El resultado fue que la desamortización se hizo en beneficio de aprovechados y desaprensivos ciudadanos y la clase media pudiente. Una buena parte de la propiedad agraria de nuestros días tiene su origen en eta auténtica depredación.

Los testimonios irrebatibles de testigos presenciales de la operación, como Andrés Borrego, nos dejan sorprendidos. En la primera fase de la desamortización, el valor de los bienes vendidos se calculó en 6.000 millones de reales, pero sólo se pudieron obtener en la subasta 1.400 millones. El propio autor da fe de cómo el compadrazgo progresista redujo las tasaciones de las fincas en tal proporción que se adquirieron por precios irrisorios, sin descartar otros fraudes e inmoralidades. Es cierto que hasta el Concordato de 1851 no vieron definitivamente consolidada su propiedad, pero esta misma inseguridad de sus derechos los vinculó al régimen que les había favorecido. Mendizabal no ocultó nunca este premeditado plan con un clara intención política.

La desamortización vino a fijar posturas antagónicas entre moderados y progresistas. Aquellos, sin pretender dar marcha atrás, por imposible, aspiraron a detenerla; en cambio, éstos impondrán a lo largo del siglo, con criterio cerrado, medidas cada vez más radicales.

La desamortización de Zapatero

Jorge Vilches en Libertad digital. Octubre 2004

Es el banderín izquierdista de enganche a un Ejecutivo inactivo y descoordinado, la resurrección de un anticlericalismo muy ajado y carca, pero que aún funciona en ciertos sectores de la izquierda El guerrismo soñaba con un plan que hiciera desaparecer a la Iglesia de los ámbitos sociales y educativos, y ya lo tiene. El bloque de medidas del Gobierno Zapatero contra la Iglesia católica incide, precisamente, en sus dos pilares fundamentales: la educación y la financiación. Es la amenaza de borrar a la Iglesia de la faz pública de la tierra, de arrinconarla junto al estudio de Platón y Marx, de Osiris y Zeus. No ocurrió durante los gobiernos de Felipe González, y quizá por esto mismo vale la pena el intento de desentrañar el por qué, ahora, los socialistas insisten en arremeter contra la Iglesia.

El discurso del PSOE se centra en varias ideas fuerza. Primero, insiste en contraponer el "ciudadanismo" al catolicismo, la ciencia a la fe, en un debate, quizá necesario para la "alianza de civilizaciones", pero que se antojaba ya superado, como una conversación sobre otros tiempos, especialmente en una sociedad tan desarrollada como la nuestra.

A esto se le añade la cantinela de que el gobierno trabaja para garantizar la "laicidad" del Estado, ya que así lo marca la Constitución. Pues no. España no es un Estado laico, por mucho que les pese, sino un Estado aconfesional, según la Constitución. La diferencia estriba en que el laico declara ser independiente de toda religión, y el aconfesional añade a esto el reconocimiento del hecho religioso y, por tanto, se compromete a relacionarse con la confesión mayoritaria de forma preferente. De aquí se colige la financiación por el IRPF y el acuerdo con la Santa Sede de 1979.

Los socialistas no se detienen en esto. Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, ha denunciado ahora –sí, en la cadena SER–, que el acuerdo de 1979 es anticonstitucional. ¿Por qué? La razón que dio es que fue firmado con otro Estado, por un Gobierno, el de UCD, que no era aún constitucional porque ganó las elecciones en 1977; es decir, un año antes de la aprobación de la Carta Magna.

Los dineros son la segunda parte del entramado. El aumento del gasto público y la permisividad con el déficit autonómico aceleran la puesta en marcha de la acordada autofinanciación de la Iglesia. "Lo que no es tradición es plagio", y esto no es original en el suelo español. Godoy, Mendizábal y Madoz iniciaron una desamortización de los bienes eclesiásticos para allegar fondos a las exhaustas arcas públicas y, también, sostener con los hechos un discurso reformista.

La desamortización de Zapatero no se ve impelida a reparar el desagüe del dinero público, pues la caja quedó llena, y las cuentas del reino de España, según fiscalizó el entonces comisario europeo Pedro Solbes, eran, más que correctas, un modelo de equilibrio presupuestario y de crecimiento económico. La desamortización de este Gobierno consiste es sostener un discurso supuestamente reformista a costa de la Iglesia, porque lo creen una de las señas de identidad de la izquierda española.

El único frente activo de este Gobierno, en seis meses, ha sido el discurso sobre lo que llaman "derechos civiles" –ampliación del aborto, eutanasia y matrimonio entre homosexuales–. Es su balance "positivo" de 200 días, el solitario resultado con el que puede presentarse a sus votantes. Es el banderín izquierdista de enganche a un Ejecutivo inactivo y descoordinado, la resurrección de un anticlericalismo muy ajado y carca, pero que aún funciona en ciertos sectores de la izquierda. Y la Iglesia católica habla en contra, y los socialistas deciden utilizarlo para reforzar su discurso. Porque mientras se habla del retroceso de la Iglesia a la esfera de lo privado, de la "reaccionaria" jerarquía eclesiástica, no queda tiempo, por ejemplo, para hablar de IZAR y de las falsas promesas del presidente Zapatero; o sobre qué hará el Gobierno si Ibarretxe convoca un referéndum ilegal.